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23.ago.2010 / 05:08 pm / Haga un comentario

Funcionarios involucrados deben ser duramente castigados

El Exgobernador del Estado Falcón y actual candidato del Psuv por el circuito dos a las elecciones parlamentarias, Lic. Jesús Montilla, solicitó formalmente una investigación en relación al hecho y proceso que  acompañó al otorgamiento del beneficio procesal a la ciudadana Johanna Vargas quien en el año 2004 quedó condenada a once años de prisión por el delito de homicidio frustrado contra la mayor de sus tres hijas.

Luego de haber entregado el documento al Fiscal Superior del Ministerio Público del Estado Falcón, Montilla comentó que es inconcebible ver cómo de manera asombrosa, inexplicable y aberrante, un conjunto de funcionarios públicos, entre ellos jueces y fiscales, convinieron en otorgar una medida de destino a Régimen Abierto y el beneficio del trabajo a Johanna Vargas, justamente como niñera de cuatro niños de una obrera de educación, caso que a su juicio debería ser investigado ya que el salario de una persona que trabaja como obrera en una escuela no es lo suficiente como para pagar una niñera.

Así mismo señaló que “existe una gran responsabilidad entre las personas a quienes les compete hacer seguimiento a este tipo de casos, entre otras cosas también llama poderosamente la atención cómo estos funcionarios no le quitan la patria potestad a la mencionada señora y cuando sale recurre nuevamente a los abominables hechos a los que sometía a sus hijas, lo cual termina con la muerte de la pequeña inocente Angela Yosibeth Rodríguez, la menor de las tres”.

Acusó públicamente a todos estos funcionarios involucrados en los hechos anteriormente expuestos, como corresponsables “porque si hubiesen actuado de manera responsable bajo los precedentes que habían, esa señora no la hubiesen dejado libre y la pequeña no estuviera muerta ni hubiese sido torturada por varios meses por esa monstruo, golpeándola, violándola y sometiéndola a una serie de acciones detestables que hoy llenan de impotencia a tantas madres y padres de familia que como yo pedimos justicia y esclarecimiento porque de alguna manera hay que fijar un precedente”.

Un funcionario que aplica justicia y que tiene la responsabilidad de velar por la seguridad, sobre todo en el caso de los niños, no puede actuar tan alegremente y soltar a la calle a asesinos y a personas de mente que ponen en riesgo a la sociedad, finalizó.

 

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